La discusión en torno al proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES),
presentado por el Gobierno como reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE),
constituye una oportunidad histórica para repensar la forma en que el país respalda la
formación de sus futuros técnicos y profesionales. No obstante, esta reforma también nos
invita a asumir con responsabilidad sus eventuales impactos sobre la equidad territorial, la
sostenibilidad del sistema y la autonomía de las instituciones educativas.
Desde nuestra experiencia como institución con profundo arraigo regional y vocación
pública, sostenemos que todo modelo de financiamiento debe sustentarse en tres pilares
fundamentales: equidad en el acceso, aseguramiento de la calidad formativa y
sostenibilidad del sistema. Valoramos que el Estado busque ofrecer soluciones concretas
a miles de estudiantes endeudados, cuya carga financiera no se condice con sus ingresos
reales. Sin embargo, observamos con atención el alcance del instrumento propuesto y sus
eventuales consecuencias sistémicas.
Uno de los aspectos más sensibles del proyecto es la lógica de restitución diferenciada de
los aportes estatales, que podría derivar, en la práctica, en una carga financiera injusta
para los egresados. Esta denominada “contribución del graduado”, en un país que
requiere fortalecer su capital humano para mejorar la productividad y el bienestar en todas
sus regiones, no puede condicionar a los jóvenes a elegir entre seguir su vocación o evitar
el endeudamiento. Los esquemas de repago no deben transformarse en una barrera para
el desarrollo individual ni para el aporte al bien común.
Asimismo, la virtual eliminación del copago en instituciones con y sin gratuidad genera
legítimas inquietudes sobre la viabilidad financiera del sistema. Esto implica una
disminución significativa en los ingresos institucionales, con impacto potencial en la
calidad de la docencia, la inversión en infraestructura, el fomento de la innovación y la
vinculación con el entorno. Una reforma estructural de esta magnitud no puede obviar el
principio de sostenibilidad financiera, imprescindible para garantizar un servicio educativo
de calidad en nuestras instituciones de educación superior.
Resulta especialmente preocupante la exclusión de las modalidades de formación en
línea en el nuevo esquema de financiamiento. En un país donde la educación online ha
demostrado ser eficaz, flexible y de calidad acreditada —particularmente para estudiantes
trabajadores, residentes en zonas rurales o con responsabilidades familiares—, excluirla
del financiamiento resulta contradictorio. En territorios como el Maule, con geografía
diversa y persistentes desafíos de conectividad, la educación en línea representa una
oportunidad real de inclusión. Ignorarla es, en los hechos, cerrar opciones formativas para
cientos de miles de personas.
Desde el CFT San Agustín creemos que este debate debe ser amplio, participativo y
transparente. Al estar radicada la discusión en el Congreso, esperamos que nuestros
parlamentarios consideren estas realidades y escuchen a todos los actores involucrados.
Nuestros estudiantes actuales y futuros son protagonistas clave en la democratización de
la educación y en el desarrollo territorial.
Por ello, consideramos fundamental resguardar la libertad de elección de los estudiantes,
la diversidad de proyectos educativos y la autonomía institucional como componentes
esenciales de un sistema plural y coherente con la realidad nacional. Chile necesita con
urgencia más técnicos y profesionales comprometidos con sus comunidades. El
financiamiento de la educación superior no debe ser un obstáculo, sino una herramienta
para abrir oportunidades, reducir brechas y fortalecer el desarrollo sostenible en todas las
regiones del país.
Sergio Morales Díaz, rector CFT San Agustín